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Los hallazgos y las extracciones marítimas en la LNM de 2014

D. Juan Luis Pulido Begines

Catedrático de Derecho Mercantil

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1.- Problemas que presentaba el Derecho derogado

En el Derecho derogado por la LNM, la disciplina que regula la recuperación de los bienes naufragados o hundidos se encuentra dispersa, es incompleta, de mala calidad técnica y en buena parte resulta obsoleta.

 

El C.c. (art. 617) remite la regulación de los derechos sobre los objetos arrojados al mar, o por éste a la costa, de cualquier naturaleza que sean, a leyes especiales. Ese Derecho especial se contenía en los Capítulos III, IV y V del Libro I, de la Ley de Auxilios y Salvamentos de 1962 (LAS) (arts. 19 a 30), que regulan los hallazgos y las extracciones marítimas, y en algunos preceptos del Cod.com (art. 844), que si bien se refiere al naufragio, regula en realidad un caso especial de hallazgo.

 

Esta farragosa disciplina legal venía produciendo muchos problemas de interpretación. Concretamente, resulta complicado realizar una adecuada delimitación de los supuestos que quedan sometidos a la disciplina del hallazgo frente a los que constituyen salvamento o extracción. Por ejemplo, para que existiera hallazgo de una cosa hundida o abandonada en el mar, no debía concurrir intencionalidad alguna de buscar o encontrar algo. En caso contrario, nos encontrábamos ante una extracción, sometida a un régimen jurídico diferente por los arts. 23 a 28 LAS. Este criterio delimitador era, sin embargo, muy inseguro, pues resultaba muy complicado hacer un juicio sobre las intenciones de la persona que encuentra un bien en el mar.

 

Debía, además, tenerse en cuenta lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante de 1992, que regula la extracción de restos de aguas portuarias, disponiendo que la Autoridad Portuaria podrá exigir de los propietarios de esos bienes su remoción, pudiendo en caso de incumplimiento proceder de oficio sin perjuicio del derecho de repetición.

 

Para hacer frente a esta inadecuada situación, la LNM aborda estos asuntos con presupuestos nuevos, distinguiendo claramente dos instituciones diferentes: los hallazgos y las extracciones marítimas.

 

 

2.- Los hallazgos

En la LNM, el hallazgo desaparece como institución independiente, pasando a ser una modalidad del salvamento. Ello me parece una tesis correcta, pues el hallazgo, tal como estaba regulado en España, era una figura equívoca, que subsumía supuestos de extracción y que presentaba graves problemas de delimitación con instituciones afines.

 

Dispone el art. 358.4 LNM que el hallazgo y la recuperación inmediata de bienes abandonados en las aguas o sus costas se considerará como salvamento, salvo que sean producto del mismo mar o de las aguas navegables. En tales supuestos, si el titular de esos bienes es conocido, se aplicarán las reglas generales de los artículos 357 a 367. Para los casos en que los bienes así salvados sean de propiedad desconocida, la LNM establece un régimen especial en su art. 368, en cuya virtud quienes durante la navegación o desde la costa salvaren bienes que encontraren desposeídos y fueren de propiedad desconocida estarán obligados a comunicarlo a la Armada en el primer puerto de escala.

 

En este ámbito, se desencadena entonces un procedimiento, destinado a la averiguación de los legítimos propietarios, que será determinado reglamentariamente, normativa que necesariamente deberá incluir la notificación al cónsul de pabellón si se tratare de buques o embarcaciones matriculadas. El salvador podrá mientras tanto retener los bienes salvados, adoptando las medidas necesarias para su adecuada conservación

 

Si el propietario es localizado, estará obligado a hacerse cargo de los bienes, y al pago del premio que corresponda por salvamento: el órgano competente de la Armada procederá a notificar su identidad al salvador, asistiendo entonces a este los derechos previstos en el artículo 8.2.c) del Convenio Internacional de Salvamento Marítimo y en el artículo 365 de la LNM, sin perjuicio de las acciones que le correspondan para resarcirse de los gastos de conservación y para obtener el precio que por el salvamento proceda (art. 368.3).

 

En el supuesto de que el propietario no fuere localizado en el plazo de seis meses desde el inicio del expediente administrativo, la Armada adoptará las medidas pertinentes para la tasación de los bienes salvados. Si el valor no excediera de 3.000 euros, el salvador hará suyos los bienes una vez pagados los gastos del expediente. En caso de que su cuantía superase la referida cantidad se venderán los bienes en pública subasta, siendo para el salvador además de dicho importe un tercio de la parte del precio obtenido que exceda de 3000 euros más los gastos en que haya incurrido. El resto, si lo hubiere, se ingresará en el Tesoro público.

 

Todo ello, sin perjuicio de lo dispuesto para los bienes de comercio prohibido o restringido en el artículo 381 LNM, en cuyo caso la Armada procederá a dar a dichos bienes el destino que corresponda conforme a la legislación que resulte aplicable.

 

Las autoridades de los puertos vienen obligadas a facilitar la entrada y estancia de los bienes salvados pudiendo no obstante repercutir su legítimo titular los gastos en que hubiera incurrido.

 

En todo caso, los bienes salvados por buques de titularidad pública, armados y equipados para el salvamento, estarán exentos de gastos y carga alguna.

 

 

3.- Los bienes naufragados o hundidos (arts. 369 a 383)

 

3.1. Delimitación con figuras afines

La extracción o recuperación de los bienes que se encuentren en el mar puede constituir tanto un derecho (extracción o recuperación en sentido estricto) como un deber para su propietario (remoción). En este campo, es preciso partir de una necesaria distinción previa entre dos instituciones jurídicas diferentes: la remoción de restos (regulada en el TRLPEMM, y la recuperación de bienes naufragados o hundidos (Capítulo IV, Título VI de la LNM).

 

La primera, que no será comentada aquí, constituye una parte de la Ordenación administrativa de la navegación, y su finalidad principal es la regulación de las facultades con que cuenta la Administración marítima para exigir o realizar por sí misma la retirada de los buques o cosas naufragadas o hundidas que afecten a la seguridad en la navegación o representen un peligro para el medio ambiente marino. Tratándose de una institución claramente ordenada a la satisfacción de intereses públicos, la LNM (art. 369.2) dispone que serán en todo caso de aplicación preferente las normas sobre remoción de buques naufragados o hundidos respecto a las reglas sobre recuperación de bienes naufragados o hundidos contenidas en esa misma ley.

 

La LNM comienza con una delimitación negativa de la materia; constituye recuperación de bienes naufragados o hundidos toda operación dirigida a la recuperación de buques naufragados o de otros bienes situados en el fondo de las zonas de navegación señaladas en cada caso que no constituyan salvamento, en cuyo caso las relaciones entre el titular y el salvador se regirán por las normas del mismo (art. 369.1).

 

Por otra parte, dispone el apartado 3º del mismo precepto que, salvo excepciones contenidas en la propia LNM, el patrimonio cultural subacuático se regirá por su normativa específica.

 

En la misma línea, dispone en art. 381 de la ley que la extracción de armas, municiones, explosivos u otro material militar que pueda afectar a la Defensa Nacional, así como de objetos pertenecientes al patrimonio cultural subacuático y demás bienes de comercio prohibido o restringido quedará sujeta a las normas especiales aplicables y al régimen que, en su caso, se establezca en la autorización o contrato público para la correspondiente extracción.

 

Debe considerarse, en definitiva, que la recuperación de bienes naufragados o hundidos  es una institución residual, aplicable en defecto de otras reglas prioritarias sobre la materia,  bien sean sobre salvamento, remoción de restos o patrimonio cultural subacuático.

 

3.2. Obligaciones de Derecho público

La LNM establece en este campo algunas obligaciones de Derecho público que quizás estarían mejor ubicadas sistemáticamente en el Título primero de la ley: la obligación que pesa sobre los capitanes y armadores de los buques que naufraguen o se hundan en los espacios marítimos españoles de notificar los hechos a la Administración Marítima en los términos y a los efectos que se determinen reglamentariamente (art. 370.1), y de balizamiento y de prevención de la contaminación (art. 372). Según este último precepto, los armadores de los buques, y los propietarios de los bienes naufragados o hundidos, están obligados a realizar inmediatamente las operaciones de balizamiento, así como las de prevención de la contaminación, que sean necesarias para la salvaguardia de los intereses nacionales. Deberán a tal efecto ajustarse a las instrucciones y órdenes impartidas por la Administración Marítima.

 

Asimismo se dispone en el art. 371 que la Administración Marítima procederá de oficio a informar a los propietarios de los buques y demás bienes siniestrados de su situación a fin de que puedan adoptar las medidas urgentes que convengan a sus intereses.

 

3.3.- Derechos de propiedad

En la LNM se hace un reconocimiento expreso y tajante de los derechos dominicales de los propietarios de los bienes naufragados o hundidos (art. 373), pues la propiedad de esos bienes no se verá afectada por el sólo hecho de su naufragio o hundimiento, no produciéndose su abandono sino por voluntad expresa de su titular, que puede bien disponer de ellos, o bien abandonarlos a favor del asegurador cuando proceda. Queda así terminantemente claro que los terceros no propietarios no tienen derecho alguno sobre los bienes naufragados o hundidos. Estos siguen siendo propiedad de su titular, hasta que, transcurridos tres años, pasen a ser propiedad del Estado.

 

Ello introduce una modificación muy relevante respecto al Derecho derogado, en virtud del cual se producía la apropiación por parte del Estado cuando se produjera un abandono –que podía ser tácito- de sus derechos por parte del propietario, o simplemente por el transcurso de tres años sin ejercicio del derecho a recuperar la posesión (art. 29 LAS).

 

Ello no obstante, también en la LNM el Estado tiene derechos de apropiación de los bienes naufragados o hundidos, bajo un régimen más claro y preciso que el derogado. Respecto de cualesquiera bienes que se encuentren en las aguas interiores o en el mar territorial españoles, el Estado adquirirá la propiedad una vez transcurridos tres años del naufragio o hundimiento (art. 374.1). En cuanto a los bienes que sean propiedad de españoles, igualmente adquirirá el Estado la propiedad, a la terminación de ese plazo, si se encuentran situados en la zona económica exclusiva o en alta mar (art. 374.2). Este plazo de prescripción se interrumpirá en el momento en que se solicite la extracción, siempre que esta se inicie en el plazo concedido para ello. Volverá a correr si se suspenden los trabajos o termina el plazo concedido para ellos. (art. 375).

 

3.4.- Las extracciones marítimas

Para la LNM la extracción consiste en la recuperación de los bienes que se encuentren naufragados o hundidos, fuera de los casos que constituyan remoción, esto, es cuando esas cosas no representen una rémora para la navegación o un peligro para el medio ambiente (art. 16.3 y 377).

 

Por otra parte, en relación al salvamento, el elemento característico de la extracción es la ausencia de peligro para los bienes siniestrados, elemento que la diferencia ambas instituciones. El peligro ya ha pasado, el naufragio ya se ha producido, por lo que se trata de recuperar todo aquello que pueda tener un valor económico o de evitar o anular las consecuencias del siniestro. A ello se refiere el art. 369.1 al regular que las normas de la recuperación o extracción de bienes en el mar serán de aplicación a toda operación dirigida a la recuperación de buques naufragados o de otros bienes situados sobre el fondo de las zonas de navegación señaladas en cada caso, sin perjuicio de que puedan ser objeto de salvamento, en cuyo caso las relaciones entre titular y el salvador se regirán por las normas del Capítulo correspondiente.

 

La nueva regulación delas extracciones marítimas nace con el propósito de atenuar el excesivo intervencionismo administrativo de la legislación derogada, aunque se sigue otorgando a la Administración, concretamente a la Armada, un papel muy relevante.

 

La ley distingue entre operaciones de exploración y de extracción. Respecto a las primeras, se establece que las operaciones de exploración, rastreo y localización de buques y bienes naufragados o hundidos en las aguas marítimas interiores o en el mar territorial españoles requerirán autorización de la Armada, pero esta se concederá siempre a quien acredite la propiedad. En otros casos, el permiso se otorgará discrecionalmente y sin carácter exclusivo (art. 376).

 

En relación con las segundas, las potestades administrativas aumentan. Dispone el art. 377 que las operaciones de extracción de buques y bienes naufragados o hundidos en las aguas interiores marítimas o en el mar territorial españoles requerirán autorización previa de la Armada, que fijará los plazos y condiciones para su realización. Además, los titulares de la autorización quedan obligados a dar cuenta del inicio y término de las operaciones, así como a facilitar su inspección y vigilancia por el órgano competente.

 

Los titulares del derecho de extracción son los propietarios de los bienes naufragados o hundidos que acrediten debidamente su condición (art. 378.1). Estos podrán llevar a cabo la operación por sí mismos, o contratando los servicios de un tercero (art. 379).

 

 

3.5. Buques y embarcaciones de Estado naufragados o hundidos

A resultas de los pleitos contra la compañía norteamericana Odyssey Marine Exploration, el legislador español, con buen criterio, ha introducido en la LNM preceptos tendentes a mitigar en lo posible situaciones semejantes.

 

Así, se deja terminantemente sentado en el art. 382.1 que los buques y embarcaciones de Estado españoles naufragados o hundidos, sus restos y los de sus equipos y carga, son bienes de dominio público estatal, inalienables, imprescriptibles e inembargables y gozan de inmunidad de jurisdicción, cualquiera que sea el momento en que se produjo su pérdida y el lugar en que se encuentren. Y ello, sin perjuicio de lo dispuesto en la propia LNM respecto al salvamento de buques de Estado (art. 359) y al hallazgo (art. 358.4).

 

En lógica consecuencia, las operaciones de exploración, rastreo, localización y extracción de buques y embarcaciones de Estado españoles naufragados o hundidos requerirán autorización de la Armada, que ostenta competencias plenas para su protección, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación sobre patrimonio histórico y cultural, en su caso.

 

Además, los restos de buques de guerra extranjeros hundidos o naufragados en espacios marítimos españoles gozan de inmunidad de jurisdicción conforme a lo previsto en el artículo 50 de la LNM. No obstante, las operaciones de exploración, rastreo, localización y extracción de los mismos deberán ser acordadas entre los órganos competentes del Estado de su pabellón y el Ministerio de Defensa. En su caso, tales operaciones quedarán sujetas a lo establecido en la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático de 2 de noviembre de 2001.

 

3.6. Objetos pertenecientes al patrimonio cultural subacuático situados más allá del mar territorial

De acuerdo con los compromisos internacionales adquiridos por España, la regulación y autorización de actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático en la zona contigua española, así como la autorización de actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental se regirán de acuerdo con lo previsto en la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático de 2 de noviembre de 2001 y demás tratados en los que España sea parte, así como en la legislación específica (art. 383.1 LNM).

 

En todo caso, precisará autorización administrativa la extracción de los objetos arqueológicos o históricos situados en el fondo del mar de la zona contigua española. La recuperación de tales bienes sin la preceptiva autorización será sancionable como infracción cometida en territorio español.

 

 

4.- Recapitulación.

Se aprecia, en definitiva, que el régimen jurídico regulador de los derechos de propiedad sobre los bienes de propiedad desconocida que aparecen en el mar permanece, en lo esencial, semejante al derogado. Pero se producen mejoras sistemáticas y terminológicas que contribuirán a eliminar los problemas antes comentados, y a facilitar la aplicación de esa disciplina.

 

Ello no obstante, el régimen descrito presenta a mi juicio, algún problema. Así, entiendo que pueden producirse algunos problemas de demarcación entre la figura del «hallazgo y recuperación inmediata de bienes abandonados en las aguas» y la «extracción de bienes naufragados». El criterio delimitador entre ambas es que la actuación sea inmediata, concepto jurídico excesivamente indeterminado que puede producir problemas de interpretación. Pero, además, creo que cabe esperar dificultades a la hora de determinar cuándo un buque se encuentra abandonado en las aguas y cuándo está naufragado. De acuerdo con nuestra mejor doctrina, debe entenderse que un navío está naufragado cuando se encuentra en la mar, sumergido o no, después de sufrir un daño tan grave como para privarle de su propia naturaleza como buque. Pero esta formulación no es suficiente para resolver la duda citada, sobre todo debido a las dificultades que presenta la determinación de lo que sea la propia naturaleza como buque.



PUBLICADO: miércoles, 26 de noviembre de 2014

CATEGORÍA: Derecho marítimo





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